POR JIMMI MARÍA PERALTA
Gran parte de los colegios privados de la capital, y algunos del interior del país, someten a los niños, que pretenden acceder al nivel inicial de la educación, a “pruebas psicotécnicas”, de modo a seleccionar a los más capacitados para formar parte de sus filas, emulando de este modo prácticas de falsas evaluaciones, comunes en la selección de funcionarios públicos, concesión de becas, audiciones orquestales, ingreso a universidades, y otros procesos burocráticos que no son lo que dicen ser, sino formalidades que legalizan un proceso ilegítimo.
¿Cuál es el instrumento científico o test estandarizado y habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura para este caso, el cual permitiría determinar fielmente qué niño puede o no acceder al proceso de una educación formal? ¿Son homogéneos esos criterios, o quedan a cargo de cada colegio, psicopedagogo o profesora? Al parecer, las respuestas son esas que no queremos escuchar.
En todo caso, los espíritus más liberales podría argumentar que estos son colegios “privados”, y que pueden establecer sus propios criterios con independencia a las instituciones públicas. Sin embargo, sólo debemos olfatear los conceptos de “inclusión”, “democracia” y “derecho del niño”; para comprender que, poner límites al acceso a la educación a infantes de 3, 4 o 5 años, través de criterios absolutamente arbitrarios, puesto que nos son estándares ni científicos, es una práctica excluyente y de discriminación, poco democrática, y que no puede darse en una institución que expide certificados con rúbrica del estado. ¿Qué pasaría con un niño con Síndrome de Down ante el cuestionamiento de algún formulario que diga “cómo se llama tu abuelo”? ¿Qué pasaría con un niño con dificultades motoras ante un criterio que rece: “se desenvuelve de manera independiente dentro de la habitación”? Evidentemente ellos no se presentarán a la evaluación, ya que están fuera del mínimo requerido desde antes, y para siempre; y lastimosamente ellos lo saben.
No se trata, evidentemente, de sugerir que los colegios deban dar cabida a todo aquel que se le presente como postulante, violando los límites de la cantidad máxima de alumnos por aula. Pero, en primer lugar, deberían de sincerar el tipo de selección que realizan. En algunos de los casos se determina el criterio del acceso de los nuevos alumnos con la presencia de un hermano mayor en el mismo colegio, o si el padre del niño es o no amigo del director de la institución, o cosas así. Filtros que, de no existir las “violentas” y falsas examinaciones, estarían bien.
Pero, como estas instituciones quiere mostrar una imagen “aperturista”, “democrática” y “moderna”, llevan la selección al plano “competitivo”, donde los resultados son los que valen, supuestamente. Entonces, aquel niño de 4 años, que no pudo superar la prueba “psicotécnica”, evidentemente no lo hizo por incapaz, por no ser apto para ese colegio. Fue superado por otros niños mejores que él y eso se debe aceptar ya que es “la ley” de la vida actual. Ya está todo claro: los niños no llegan a acceder por su propia incapacidad, no son los colegios los que cierran las puertas...
Como en los casos sistemáticos de violencia doméstica, donde uno asume el rol “voluntario” de víctima, aquí son los chicos los que se presentan a estas pruebas. Perdón, con mayor precisión, son los padres que se aferran al nombre de un colegio, por status social, por comodidad, por tradición familiar, y son ellos los que obligan a sus hijos a ser sometidos a estos procesos.
Y nuevamente los más chiquitos son víctimas de quienes, en teoría, deberíamos protegerlos: la escuela, sus padres, y el estado, que tienen otras prioridades.
Este pensamiento se presenta después del inicio de las clases, para que los victimarios se descubran a sí mismos con la daga en la mano y la herida fresca.
